Declaración agosto de 2003

Documento elaborado y aprobado por la Mesa Directiva y el plenario de la Academia Nacional de Educación.

"El país está viviendo una encrucijada profundamente crítica y requiere de sus instituciones y de su sociedad nacional actitudes solidarias y aportes constructivos que posibiliten poner en funcionamiento sus energías y sus capacidades y recuperar el camino de su desarrollo.

"Con este propósito es que la Academia Nacional de Educación considera oportuno dar a conocer una síntesis de coincidencias básicas relacionadas con el tema central de su competencia. Lo hace con la esperanza de contribuir a la necesaria e impostergable búsqueda de consensos y de acuerdos que se requieren para el trabajo y las responsabilidades de todos los sectores y de la ciudadanía en su conjunto. El criterio fundamental de nuestras reflexiones es que sin educación no hay porvenir para los argentinos.

"1º.- La crisis abarca todos los espacios de la vida nacional y la que se vive en el área educativa expresa dramáticamente la adversidad del colapso económico y el atraso social. Con este contexto, las acciones y los resultados de la educación no pueden ser satisfactorios. Pero, además, existe y persiste una crisis específica, paredes para adentro de las instituciones educativas y de los ámbitos múltiples y diversos de la educación no formal. Deben encararse políticas efectivas y simultáneas referidas a las condiciones negativas de la realidad socioeconómica y, también, a los problemas propios de los sistemas educativos y de las acciones coadyuvantes.

"2º.- Los desafíos y las tareas de la educación en la presente etapa argentina exigen la superación de viejas falsas antinomias y de los factores que en el pasado operaron a favor de desencuentros y divisiones.

Hoy son necesarias la voluntad y la inteligencia que sirvan a grandes objetivos nacionales -y que, por lo tanto, deben ser comunes-, aunque se den particularidades y disensos en los niveles instrumentales y en los estilos de las ejecuciones. Así debe ser en un país que organiza sus servicios educativos dentro de estructuras federales y despliega su dinámica institucional en el ejercicio de las libertades del sistema político democrático.

"3º.- Rige en el país, desde 1993, la Ley Federal de Educación. Sin embargo, después de una década de vigencia, no se lograron aún acuerdos básicos sobre sus contenidos y prescripciones, ni tampoco respecto de los procesos de implementación. Lo que fueron actitudes divergentes y discrepantes razones políticas e ideológicas -propias del sistema político democrático al que todos los argentinos adherimos- han impedido que las transformaciones contenidas en la ley se desarrollaran en el conjunto de las jurisdicciones y generaron diferencias y contradicciones que perturban el panorama general.

"Resulta perentorio, en consecuencia, asumir esta cuestión conflictiva y resolverla con madurez a través de los mecanismos institucionales pertinentes. Las leyes son perfectibles y la aplicación de sus normas y designios han de concitar acciones concertadas e integradas de autoridades políticas y equipos técnicos. En todos los casos, se deberá actuar por encima de visiones e intereses sectoriales y animados por una profunda vocación de servicio nacional.

"4º.- Frente a la nueva realidad del sistema educativo descentralizado y en función de la voluntad general de preservar y perfeccionar la organización federal de los servicios, aparece como impostergable la reafirmación política y legal de las facultades y competencias de la Nación y las jurisdicciones en la totalidad de la problemática educativa.

"Los organismos y los instrumentos federales han de asumir el protagonismo y la capacidad decisoria que les corresponden en la realidad educativa de hoy. La política de la educación y las transformaciones curriculares se enriquecen con los aportes del espectro federal y otorgan más solidez y pertinencia a las experiencias de aprendizaje y a las metas educativas nacionales. "Resulta necesario que se brinden recursos económicos suficientes y apoyo técnico eficaz para la gestión a jurisdicciones que lo requieran, y evitar por esta vía asincronías y desfasajes.

"5º.- La articulación del sistema educativo del país -de todos los niveles y modalidades-, organizado federalmente, y la integración de estructuras y funciones, con relación a la totalidad de las jurisdicciones , resultan prioridades impostergables en las que deben involucrarse y comprometerse las autoridades políticas, los equipos técnicos, los docentes y la comunidad. "Deben superarse los compartimientos estancos y han de crearse fluidos y orgánicos enlaces e intercambios, vertical y horizontalmente.

"La educación superior -incluida orgánicamente en el sistema global- ha de realizar su propia articulación institucional: las universidades y los institutos terciarios constituyen alternativas significativas y valiosas para los egresados de la educación media y han de integrar sus ofertas para posibilitar la movilidad y elevar las calidades de la experiencia educativa.

"6º.- El Estado tiene responsabilidad principal e ineludible en la orientación general del rumbo educativo y, a la vez, en la prestación de los servicios y ha de asegurar, en consecuencia, la igualdad de oportunidades y posibilidades. Es el garante de la equidad social y educativa.

Complementariamente, la Constitución Nacional y la legislación reconocen a los sectores sociales y la ciudadanía el derecho y el deber de participar en el esfuerzo educativo nacional. Estado y sociedad coadyuvan de este modo en la responsabilidad compartida de brindar más y mejor educación para todos. Les incumbe el horizonte de la equidad en educación, de la alta calidad pedagógica y académica, y del despliegue al máximo de las inteligencias, de las aptitudes para el trabajo y las actividades socialmente útiles y de la vida espiritual de los seres humanos, sin discriminaciones ni exclusiones, con espíritu democrático e integrador.

"7º.- En la dinámica actual de los fenómenos educativos, las políticas, las normativas y las gestiones inherentes a este campo clave de la vida social, requieren responsabilidades abiertas al espectro completo de la comunidad. Han de institucionalizarse los mecanismos de participación que posibiliten la inserción en la problemática educativa -y en sus definiciones y soluciones- de las familias, los docentes y los sectores de la producción, el trabajo y las actividades cívicas y culturales, y con ello aportar opiniones, iniciativas y acciones convergentes. De este modo, desde el ámbito educativo, podrán tenderse puentes de ida y vuelta con la realidad del contexto y, a la vez, alcanzarse mejores niveles de pertinencia y operatividad.

"8º.- La inversión en educación ha de ser asumida como columna fundamental del desarrollo nacional, y sus posibilidades y alternativas deben analizarse y resolverse en los espacios institucionales y comunitarios involucrados en la cuestión educativa y de modo que se atienda a sus reales y crecientes requerimientos. La educación como política de Estado implica que los recursos profesionales, económicos, tecnológicos y humanos del área deben ser considerados en el más alto nivel de las decisiones políticas y en función de una perspectiva de mediano y largo plazo.

9º.- El amplio y diversificado universo de la educación no formal y, en particular, la acción de los medios de comunicación social, tanto privados como estatales, tienen una significación prevaleciente en la actualidad, y es previsible que crecerá en el futuro. En consecuencia, debe tenderse a compatibilizar objetivos y logros con los de la educación formal. La política educativa y la política de las comunicaciones sociales han de ser globalmente convergentes, sin que se desnaturalicen los perfiles propios y sin que se desvirtúen las libertades que les son inherentes.

"La revolución tecnológica ha instalado en el mundo contemporáneo mecanismos de difusión y comunicación de extraordinaria eficiencia y profunda repercusión en la estructura social. Es necesario que las nuevas posibilidades -cuya expansión se acrecienta día a día- sean debidamente utilizadas en el desarrollo y perfeccionamiento de la educación, en todas sus formas.

"10º.- Las universidades argentinas han de preservar su libertad y su autonomía, y dentro de ese marco, profundizar y ampliar sus calidades y sus contribuciones efectivas al servicio del país y de su desarrollo, tanto en el nivel de grado como en el de posgrado.

"En la totalidad del subsistema universitario -universidades estatales y universidades privadas-, deberán brindarse oportunidades de capacitación, formación e investigación del más alto rango y en función de las demandas reales y dinámicas del proceso económico, social y cultural; a la vez, deberán asumirse como inescindibles los fines educativos referidos a la plenitud humana y a los valores de la sociedad democrática.

"Los complejos problemas del financiamiento de las universidades, de su gobierno, sus ofertas y sus sedes, de sus relaciones institucionales con las jurisdicciones y los niveles educativos del sistema descentralizado, de los desempeños académicos y la pertinencia y operatividad de las capacitaciones y la formación universitaria, están demandando en la actualidad análisis críticos y reflexiones fuera de lo convencional y las rutinas y, consecuentemente, propuestas innovadoras y creativas. Lo mismo corresponde señalar respecto de las relaciones interuniversitarias, dentro del país y en el orden internacional, la movilidad de los alumnos, los intercambios de profesores e investigadores, los reconocimientos de estudios y la validez de los certificados y diplomas.

"Se hace necesario, por lo tanto, abrir un amplio debate nacional en torno a estas problemáticas, con participación de los actores internos y externos de las instituciones de educación superior, y también de los que asumen responsabilidades en las organizaciones sociales y políticas del país.

En resumen:

"Frente a los graves y complejos problemas de la actualidad argentina, la Academia Nacional de Educación reclama de los poderes públicos y de la sociedad profundizar y convertir en acciones la convicción de que sin educación no hay porvenir y de que son necesarias las convergencias y la unidad en lo esencial, el desarrollo a pleno de la inteligencia nacional.

"En consecuencia, no deben postergarse los consensos y los acuerdos en torno de la legislación educativa vigente y de la que debe regir de aquí para adelante, y también respecto de la integración del sistema descentralizado, las articulaciones de niveles y modalidades, y las acciones de la educación no formal. Deben coordinarse y compatibilizarse las políticas de la educación y las políticas de las comunicaciones sociales.

"El Estado debe asegurar efectivamente la equidad y la calidad de la educación. Complementariamente, han de operar con libertad las iniciativas sociales y privadas del campo educativo, dentro del cauce de la Constitución y las leyes. Estado y sociedad tienen responsabilidades ineludibles en la misión de proveer más y mejor educación, y para ello deben realizar inversiones crecientes y, a la vez, administrar los recursos con rigor y eficiencia.

"Los servicios educativos del nivel superior del sistema tienen importancia protagónica en el desarrollo científico, tecnológico y cultural del país, y la universidad debe asumir el desafío de ser vanguardia y motor decisivo. Sus complejos problemas actuales sugieren la necesidad de realizar un gran debate nacional, con la participación y los aportes de los actores directos de la cuestión universitaria y de quienes tienen altas responsabilidades sociales y políticas en la vida del país".

Buenos Aires, agosto de 2003.