Declaración septiembre de 2005

La Academia Nacional de Educación y la situación educativa

La Academia Nacional de Educación vive con gran preocupación las situaciones de tensión y conflicto que perjudican el desempeño deseado de nuestro sistema educativo. La más importante y urgente es, sin dudas, la de los paros docentes y sus causas, que impedirán en muchas provincias cumplir con la promisoria ley que hace apenas un año y medio estableciera un mínimo de 180 días de clases de educación básica en todo el país, así como el normal desenvolvimiento de las universidades. Se trata de un evidente perjuicio para los alumnos, para sus familias, para los docentes y para todas las comunidades educativas, que perturba el presente y compromete seriamente el futuro.

Estos conflictos se producen en un contexto de iniciativas relevantes de política educativa, tales como la definición de núcleos de aprendizaje prioritarios comunes para todo el país y el proyecto de ley de financiamiento educativo y, al mismo tiempo, de evidentes problemas de deserción, escasa calidad de la educación recibida y pronunciadas brechas entre sectores sociales en el acceso y la graduación.

Nos encontramos, por otro lado, en medio de una campaña electoral que renovará una parte importante de los cuerpos legislativos nacionales, provinciales y municipales. Por ello, esta Academia exhorta ante todo a los partidos políticos y a sus candidatos para que hagan de la educación el tema prioritario de sus campañas, proponiendo medios genuinos no sólo para dar solución a los conflictos presentes, sino también para hacer de la educación, seriamente, una política de estado. Para ello es necesario, sin dudas, proponer medios eficaces de financiamiento educativo que permitan cumplir con el 6% del PIB, mandado por la Ley Federal y nunca cumplido hasta ahora. Pero también lo es informar con total transparencia acerca del uso y destino de los presupuestos y de las remuneraciones docentes y disponer lo necesario para una genuina jerarquización de la docencia, el fortalecimiento de las escuelas, un plan orgánico y de largo plazo de edificación escolar y la mejora de la calidad de la educación, dando en todo esto prioridad a quienes más lo necesitan.

Tales informaciones e iniciativas mucho ayudarían a crear nuevos espacios de diálogo entre todos los actores del sistema educativo -autoridades, maestros, familias, y estudiantes- que impulse también desde la sociedad civil una política de estado para la educación y que encuentre caminos de expresión que no vulneren el derecho constitucional de enseñar y aprender.